Derecho Civil

Derecho Civil

Vasto campo que regula el derecho Civil, abarca la persona física y jurídica, sus capacidades, el régimen de bienes muebles e inmuebles, los actos jurídicos lícitos e ilícitos, el derecho de las obligaciones, de los diversas especies de contratos, sus consecuencias y formalidades, del mandato y sus obligaciones, de las sociedades civiles, derechos reales, (propiedad y posesión, hipoteca etc.), el derecho sucesorio (testamentario o ab-intestato), herencia,  legados etc. ), régimen de prescripción y demás aspectos que por razones de síntesis, se omite su mención.

El amplio abanico de situaciones que la interrelación humana y jurídica presenta en el transcurso de las vida, al igual que las instituciones o empresas creadas por el hombre, encuentra en gran medida su regulación en esta disciplina del derecho, que sin lugar a dudas, implica un alto porcentaje de los temas motivo de consulta o de los juicios que atendemos diariamente.

Sin duda podemos asesorar, orientar y atender los requerimientos en cualquiera de estas materias del derecho, como así también regular, contratos de cualquier naturaleza, como atender las contingencias jurídicas o litigiosas que presenten, con la dedicación, y atención personalizada, y debida profesionalidad y reserva.

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Áreas Derecho Civil

Cambios de Nombre

La ley 17.344 establece la posibilidad de cambiar los nombres o apellidos o ambos por una sola vez, en los siguientes casos:

 – Cuando sean ridículos, risibles o menoscaben moral o materialmente a la persona.

– Cuando la persona haya sido conocida por más de cinco año, por motivos atendibles, con otros nombres o apellidos diferentes a los propios.

 – Cuando la persona fue inscrita con un solo apellido o con dos iguales  en caso de no estar determinada la filiación de los padres o sólo de uno de ellos.

 – En el caso que los nombres, apellidos o ambos no sean de origen español, puede solicitarse la autorización para traducirlos al idioma castellano o  o cambiarlos si la pronunciación o escrituración de los mismos es difícil en un medio de habla castellana. Se trata de un procedimiento judicial, quién autoriza es  el tribunal civil correspondiente al domicilio del peticionario previas gestiones,  como  la publicación de la solicitud de cambio de nombre en el Diario Oficial, recibir la información de testigos que den cuenta del cumplimiento  de los requisitos para el cambio, y escuchar  la opinión de la  Dirección General del Registro Civil e identificación.

 La sentencia que autoriza el cambio de nombres, apellidos, o de ambos a la vez o la supresión de nombres propios sólo surte efecto una vez inscrita en el Servicio de Registro Civil modificando el acta de nacimiento.

 Se podría negar la solicitud ,  ya que desde la publicación señalada se abre un plazo de treinta días para que cualquier persona que tenga interés se oponga a la solicitud,  y en este caso el  oponente deberá allegar conjuntamente con su oposición los antecedentes que la justifiquen y el  juez con todos los antecedentes dicta sentencia.

 Además se  negará cuando el solicitante se encuentre procesado o haya sido condenado por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, a menos que en este último caso hubieren transcurrido más de diez años desde la fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de condena  y se encuentre cumplida la pena.

 

La persona sólo podrá usar en el futuro, en todas sus actuaciones, su nuevo nombre, apellidos, en la forma que determine el juez en la sentencia que autoriza.

 Importante es señalar que el cambio de apellidos no altera la filiación, pero alcanza  a los hijos menores de edad y los mayores que consientan en ello.

 

 

Indemnización de Perjuicios

La Indemnización de Perjuicios o indemnización por daños y perjuicios, consiste en la acción que tiene el acreedor o la víctima para exigir del deudor o causante del daño una cantidad de dinero equivalente a la utilidad o beneficio que a aquél le hubiese reportado el cumplimiento efectivo, íntegro y oportuno de la obligación o la reparación del mal causado.

 En relación a esta materia, se dice que: «Todo perjuicio que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, deber ser reparado por ésta».

 Toda indemnización de daños y perjuicios debe ser declarada en sentencia judicial, tarea en la cual se requiere necesariamente la intervención de abogados competentes.

 La indemnización de perjuicios puede comprende el daño emergente, lucro cesante y/o daño moral.

El plazo general para interponer una demanda por indemnización de perjuicios es de 4 años, según el artículo 2332 del Código Civil chileno. Sin embargo, cuando el perjuicio proviene del incumplimiento de un contrato por una de las partes, el plazo se aumenta a 5 años, según el artículo 2515 del mismo Código.

En ambos casos, la ley señala que el plazo debe comenzar a contarse desde la comisión del hecho que causa perjuicio, lo que a veces puede conducir a situaciones injustas, ya que una cosa es el momento de comisión del daño, y otra cosa muy distinta es el momento en que el afectado toma real conocimiento del daño que sufrió. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una familia cuyos integrantes sufren graves daños en su salud como consecuencia de los residuos tóxicos que emite una empresa ubicada cerca de su domicilio. En este caso concreto, dado los efectos progresivos y acumulativos de la contaminación ambiental, la aplicación literal de la norma llevaría a que al tiempo de tomar efectivo conocimiento del daño (por ej., al conocer los primeros síntomas de una enfermedad) esta familia no podría demandar a la empresa que los causó, si ha transcurrido el plazo de 4 años desde la emisión de las sustancias que causaron la enfermedad.

 Los tribunales de justicia chilenos, a fin de subsanar los efectos de una interpretación literal de la ley, han establecido en reiteradas oportunidades que el plazo para demandar debe computarse desde la fecha en que pueda establecerse una real conocimiento de las víctimas del perjuicio sufrido, ya que ésta es la única manera de proteger eficazmente a las personas afectadas.

Juicios de Arriendo

Este procedimiento es bastante rápido comparado con los demás juicios civiles, el cual podría demorar entre 3 a 5 meses hasta obtener la respectiva sentencia definitiva, lo cual dependerá de las gestiones de los abogados de las partes y de los trámites de notificación, entre otras cosas. Ahora, si una vez obtenida la sentencia, el demandado no restituye la propiedad, habrá que iniciar los tramites correspondientes al lanzamiento, pudiendo el juicio demorar hasta 7 u 8 meses incluso. La última etapa es el lanzamiento con fuerza pública, sin embargo, en la mayoría de los casos el demandado restituye antes. 

La norma especial que regula este procedimiento está contenida en la Ley 18.101, modificada por la 19.866, ambas sobre arrendamiento de predios urbanos.

El procedimiento comienza con la interposición de la demanda ante los tribunales civiles. Una vez presentada, el tribunal dictará una resolución admitiendo la demanda a tramitación y citando a las partes a un comparendo de conciliación, contestación y prueba, para el quinto día hábil después de que se efectúe la notificación, fijando una determinada hora. Esta audiencia es de suma importancia y constituye básicamente el cuerpo del juicio de arrendamiento. Se llama “audiencia de conciliación, contestación y prueba”. En dicha audiencia el tribunal requiere de pago por segunda vez al arrendatario (en que caso de que el juicio sea por no pago de rentas), posteriormente consulta a las partes respecto a una posibilidad de llegar a acuerdo. En caso de no llegar a acuerdo, se recibirá la causa a prueba pudiendo las partes aportar todas las pruebas pertinentes para acreditar sus pretensiones. Una vez rendida la prueba, el tribunal dará por finalizada la audiencia y quedarán las partes a la espera de la sentencia respectiva.

El tribunal generalmente fija un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la sentencia para hacer el desalojo al arrendatario, pudiendo el demandado por motivos graves y fundados solicitar una prórroga hasta por 30 días.

Contra la sentencia se podrá interponer un recurso de apelación, sin perjuicio de continuar con los trámites de cumplimento de la sentencia relativos al pago de las rentas adeudadas, al lanzamiento o desocupación forzada del inmueble ocupado por el arrendatario.

Interdicciones

La interdicción es el acto judicial mediante el cual se priva a una persona de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica, por estar incapacitada para hacerlo, sea por demencia o porque dilapida (malgasta) sus bienes.  Incluso se puede pedir la interdicción de la persona que se halla en un estado habitual de demencia, aunque tenga intervalos lúcidos.

 Declarada la interdicción por demencia e inscrita en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, todos los actos que haga el/la interdicto/a serán nulos absolutamente.  Los actos que hubiera ejecutado o celebrado antes de la declaración de interdicción serán válidos, a menos que se pruebe que lo ejecutó o celebró estando entonces demente.

  Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.

 Cabe destacar, que la declaración de interdicción en caso alguno priva a la persona interdicta del dominio de los mismos, de modo que el/la curador que lo sustituya en su administración, queda sujeto a estrictas restricciones en su actuar para la debida protección  de los bienes de la persona interdicta.

La única entidad competente para calificar y certificar la discapacidad es la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), a la cual puede concurrir la persona interesada, quienes lo/a representan o, las personas o entidades que la tienen a su cargo. 

 Corresponde al Registro Nacional de la Discapacidad inscribir a las personas cuya discapacidad hubiera sido certificada.

 Una vez obtenida la certificación, es posible iniciar un juicio de interdicción mediante una demanda interpuesta ante el juzgado civil correspondiente al domicilio del/la incapacitado/a.

 – Quiénes pueden pedir la interdicción

 El juicio de interdicción puede ser provocado por:

 El/la curador/a del o la menor a quien sobreviene la demencia durante la curaduría.

El/la cónyuge no separado/a judicialmente del/la supuesto/a disipador/a o demente.

Cualquiera de sus consanguíneos hasta en el cuarto grado.

El Defensor Público, quien será oído incluso en los casos en que él no hubiera provocado el juicio.

Además, si la locura es furiosa o si la persona demente causa notable incomodidad a los habitantes, cualquier persona puede provocar la interdicción.

 – Procedimiento especial de la ley Nº 18.600           

 Cuando la discapacidad mental de una persona se ha inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad, el artículo 4° de la Ley N° 18.600 permite a su padre o madre, solicitar al juez que, con el mérito de la certificación vigente de la discapacidad y, previa audiencia de la persona con discapacidad, decrete la interdicción definitiva por demencia y nombre curador definitivo al padre o madre que la tuviera bajo su cuidado permanente.

 Si el cuidado permanente lo ejercen los padres de consuno, el juez puede deferir la curaduría a ambos.

 En caso de ausencia o impedimento de los padres, los parientes más cercanos podrán proceder de igual forma, sin perjuicio de la interdicción provisoria a que alude la misma ley.

 – Interdicción provisoria

 Mientras se decide la causa, el/la juez/a puede, en virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas, y oídas las explicaciones del/la supuesto disipador/a, decretar la interdicción provisoria, privando a la persona de la facultad de actuar por sí misma en la vida jurídica.

 En los casos del procedimiento especial de interdicción, de la Ley N° 18.600, el artículo 18° bis de esa norma establece que las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y que tengan a su cargo personas con discapacidad mental, cualquiera sea su edad, serán curadores/as provisorios/as de los bienes de éstos, por el solo ministerio de la ley, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

 a) Que se encuentren bajo su cuidado permanente, lo cual se entiende que se cumple:

 Cuando existe dependencia alimentaria, económica y educacional, diurna y nocturna; y,   

Cuando dicha dependencia es parcial, es decir, por jornada, siempre y cuando ésta haya tenido lugar de manera continua e ininterrumpida, durante dos años a lo menos.  

-Que carezcan de curador/a o no se encuentren sometidos a patria potestad.

– Que la persona natural llamada a desempeñarse como curador/a provisorio(a o, en su caso, los representantes legales de la persona jurídica, no estén afectados por alguna de las incapacidades para ejercer tutela o curaduría.

 Si estas circunstancias constan en el Registro Nacional de la Discapacidad, basta para acreditar la curaduría provisoria frente a terceros, el certificado que expida el Servicio de Registro Civil e Identificación.  

 Esta curaduría provisoria se rige por  las disposiciones del Código Civil sobre los derechos y obligaciones de los curadores y durará mientras permanezcan bajo la dependencia y  cuidado de las personas inscritas en el Registro aludido y no se les designe curador de conformidad con las normas del Código Civil.

 – Inscripciones

 Los decretos de interdicción provisora o definitiva deben inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces respectivo y, notificarse al público mediante 3 avisos publicados en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia de la capital de la región, si en aquella no lo hubiera.

– Quiénes pueden ser curadores

 Una vez privada la persona de la administración de sus bienes, se debe solicitar al tribunal que nombre a un/a curador/a, quien será el/la representante legal del/la interdicto/a y tendrá que administrar los bienes de éste/a.

 El/la juez/a elegirá a la o las personas que más idóneas le parezcan, de aquellas que la ley permite, que son:     

 Su cónyuge no separado judicialmente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 503 del Código Civil, que establece que el marido y la mujer no pueden ser curadores del otro cónyuge si están totalmente separados de bienes.

Sus descendientes

Sus ascendientes, salvo en el caso del padre o madre cuya paternidad o maternidad haya sido determinada judicialmente contra su oposición o que esté casado/a con un/a tercero.

Sus hermanos/as

Otros colaterales hasta en el 4° grado.

A falta de esas personas, tendrá lugar la curaduría dativa (determinada por un/a juez/a)

Además, podrán ser curadores provisorios, las personas mencionadas en el artículo 18 bis de la Ley N° 18.600.

Posesiones Efectivas

La posesión efectiva es un trámite, judicial o administrativo que se realiza con la finalidad que los tribunales de justicia o el registro civil, según corresponda, establezcan quienes son los herederos de una persona fallecida y cuáles son los bienes que forman parte de dicha herencia, de forma que éstos puedan disponer de la masa hereditaria.

 Como se señaló, el trámite de posesión efectiva se debe hacer cuanto antes, ya que con el paso del tiempo los bienes pueden extraviarse, perder valor o comenzar a ser usados por quien no corresponde. Esto último es de tal importancia, que en algunos casos quien usa estos bienes con ánimo de señor o dueño, aun cuando no sea heredero, podría convertirse en dueño de los mismos sólo con el transcurso del tiempo.

 El trámite de posesión efectiva se ha facilitado mucho, no obstante sigue teniendo una cierta complejidad para alguien que no maneja con claridad y certeza los conceptos jurídicos necesarios para tal diligencia. En efecto, la ley señala que aparte de la individualización de los herederos con todos sus datos personales, debe indicarse la calidad en que heredan y presentar un inventario y valorización de los bienes que componen la masa hereditaria. Ambos formularios, el de individualización de todos los herederos y el inventario de bienes, deben cumplir estrictamente con los requisitos que la ley señala. En caso de no estar acordes con la legislación o no cumplir con las exigencias, podrán ser rechazados en el acto. La ley también establece dentro de los items del inventario de bienes, el cálculo y determinación del impuesto a las herencias y asignaciones testamentarias, pagadero según corresponda.

 Así visto, para el común de los habitantes de la República, la obtención de la resolución que otorga la posesión efectiva por parte de la autoridad administrativa puede tornarse en un trámite engorroso y difícil, ya que si bien pueden concurrir por sí mismos a las oficinas del Servicio de Registro Civil y solicitar los formularios respectivos, al momento de completarlos se encuentran con un documento complejo, en una terminología que no dominan y con conceptos que pueden inducir a error; todo sin perjuicio de la dificultad misma de la determinación del impuesto en el inventario y valorización de los bienes.

 La posesión efectiva, es un trámite que se debe realizar cuando una persona, al morir, ha dejado bienes (casas, vehículos, ahorros, etc.). Los herederos para disponer de tales bienes, deben realizar el trámite de posesión efectiva.

  Si la herencia es intestada (cuando el causante no dejó testamento), el trámite de posesión efectiva se hace en el Registro Civil.

  Si la herencia es por medio de un testamento, el tramite de posesión efectiva se realiza ante los tribunales civiles.

La posesión efectiva puede tramitarse por cualquier persona que tenga el carácter de heredero a posesión efectiva de una herencia sin testamento, deberá solicitarse a través de un formulario confeccionado para tal efecto por el Servicio de Registro Civil e Identificación. Dicho formulario debe contener, al menos, los siguientes antecedentes:

 1) Individualización de todos los herederos (indicándolos por sus nombres, apellidos, roles únicos nacionales, domicilio y calidades con que heredan);

2) El nombre, apellido, rol único nacional, profesión u oficio, estado civil, lugar y fecha de la muerte y último domicilio del causante (artículo 3º);

3) El inventario de los bienes existentes al fallecimiento del causante (artículo 4º).del causante.

 El costo de tramitación de la posesión efectiva depende del valor total de los bienes dejados por el causante y de los cuales se solicita la posesión efectiva.

 

Negligencias Médicas

Sin lugar a dudas el tema de las negligencias profesionales es un tema sensible, crítico y delicado, toda vez que puede afectar profundamente la vida de un persona y la de su entorno familiar, en muchos aspectos, tales como el ejercicio de derechos, el acceso a beneficios, menoscabo económico o patrimonial, limitación de libertades, etc.

Esto, cuando se trata del ámbito de la salud, se agudiza aún más, porque lo que está en juego es la vida de la persona o el riesgo de una secuela muy grave para ella…

Ahora, se debe tener presente que el actuar negligente de un profesional de la salud sólo puede ser determinado por los Tribunales de Justicia.

En efecto, la Ley Orgánica que creó la Superintendencia de Salud dispuso que a este Organismo Fiscalizador le corresponderá, en relación a los prestadores de salud, sean públicos o privados, personas naturales o jurídicas, su fiscalización en lo referido a su acreditación y certificación, así como la mantención del cumplimiento de los estándares establecidos en la acreditación. También este cuerpo normativo que frente a los reclamos que presenten los beneficiarios de Las leyes Nº 18.469 (del FONASA) y Nº 18.933 (de Isapres), la Superintendencia de Salud no será competente para pronunciarse sobre el manejo clínico individual de casos.

Por otro lado, la Ley N° 19.966, que establece el Régimen General de Garantías en Salud (RGGS), estableció la creación de un sistema de mediación prejudicial para los conflictos surgidos con ocasión de las actividades asistenciales de salud.

Como lo comenté en otra oportunidad, la idea de incorporar este recurso al Sector Salud surgió en la discusión parlamentaria del proyecto de ley sobre Régimen General de Garantías en Salud (RGGS), como una forma de enfrentar la llamada judicialización de la medicina, referida al gran incremento de demandas judiciales que tienen un alto costo.

Esto significa que si usted, ante un eventual caso de negligencia médica, desea iniciar una acción en los Tribunales de Justicia para hacer efectiva la responsabilidad del prestador por los daños derivados del otorgamiento de las prestaciones de salud, debe someter previamente su reclamo a un procedimiento de mediación, en el que usted y el prestador evaluarán la posibilidad de un acuerdo extrajudicial.

Para el funcionamiento de este modelo, hay que tener en claro que tratándose de prestadores institucionales públicos o sus funcionarios (red pública atención, consultorios, policlínicos, hospitales e institutos), el mediador será designado por el Consejo de Defensa del Estado de entre sus funcionarios, empleados de otros servicios o privados idóneos. En cambio, en el caso de daños ocasionados por prestadores privados (médicos, clínicas, hospitales particulares), el procedimiento de mediación se realizará ante mediadores inscritos en la Superintendecia de Salud.

En consecuencia, ante un eventual caso negligencia médica, a usted le asiste el derecho de recurrir a los Tribunales de Justicia para que ellos se pronuncien, sin embargo, la legislación actual obliga a que previamente se explore la posibilidad dada por la mediación, esto es, que mediante la comunicación directa entre las partes y con intervención de un mediador, ellas lleguen a una solución extrajudicial de la controversia.

Juicios de Partición

El Juicio de Particion:

Se puede definir  como el conjunto de actos tendientes a poner fin al estado de indivisión propio de la sucesión por causa de muerte cuando existen dos o más herederos.

Se puede llevar a cabo de tres formas:

  1. Por el propio causante .
  2. Por los herederos de común acuerdo .
  3. Por el juez partidor.

 Partición efectuada por el propio  causante

Es la realizada por el propio causante, mediante acto entre vivos o testamento: la partición hecha por el propio causante por acto entre vivos se efectuará por escritura pública. La partición hecha por testamento debe ajustarse a todas las solemnidades del testamento.

 Partición hecha por los herederos de común acuerdo

En la práctica, es la forma más común de efectuar la partición, ya que es más sencilla, rápida y económica. En este caso nuestros Abogados, redactarán los documentos necesarios para radicar legalmente en el patrimonio de los herederos, los bienes que se determine.

Dispone el artículo 1325 que los indivisarios pueden efectuar la partición de común acuerdo, no obstante existir entre ellos incapaces, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  1. Que no hayan cuestiones previas que resolver;
  2. Que los interesados estén de común acuerdo en la forma de efectuar la partición;
  3. Que la tasación se haga por peritos, por regla general o común acuerdo; y
  4. Que la partición, una vez terminada, sea aprobada por la justicia ordinaria.

Analizaremos seguidamente cada uno de estos requisitos:

1° Que no hayan cuestiones previas que resolver, es decir no debe existir problemas pendientes en cuanto a:

  • quienes son los interesados;
  • cuáles son los bienes sobre los que recae la partición;
  • cuáles son los derechos que corresponden a cada comunero.

Si se presentan cualquiera de estas cuestiones y no hubiere acuerdo entre los interesados, deberán resolverse judicialmente.

2° Que los interesados estén de común acuerdo en la forma de efectuar la partición: Resulta obvio, pues de otra forma los comuneros no efectuarían la partición de esta forma.

3° Que la tasación se haga por peritos, por regla general.
Antes, bajo la sola vigencia del CC, la tasación debía efectuarse necesariamente por peritos, a menos que la unanimidad de los comuneros, que debían ser capaces, hubieren acordado otra cosa.

En la actualidad, considerando lo dispuesto en el art. 657 del Código de Procedimiento Civil, que modificó al Código Civil en esta materia, es posible efectuar la tasación de los bienes de común acuerdo por los comuneros, aunque entre éstos haya incapaces, sin perjuicio de actuar a través de sus representantes legales, como es lógico. La regla anterior se aplica en los siguientes casos y cumpliendo con las siguientes condiciones:

  • siempre que se trate de bienes muebles;
  • en el caso de los bienes inmuebles, cuando:

– se trata de fijar un mínimo para la subasta del bien raíz, cuyo verdadero valor queda determinado por los licitadores en la subasta;

– existen en los autos antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes, como la evaluación del bien raíz. Cabe indicar que la expresión “autos” no debemos entenderla sólo como referida al juicio de partición, sino que también a la propia escritura pública de partición.

La modificación del Código de Procedimiento Civil se recogió en parte en el Código Civil, en su artículo 1335, cuando señala “o en que se liciten las especies, en los casos previstos por la ley”.

4° Que la partición, una vez terminada, sea aprobada por la justicia ordinaria.
La aprobación judicial es necesaria, sea que la partición fuere hecha por el testador, por los herederos o por el partidor, en los casos del art. 1342:

  • cuando en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa, tengan interés personas ausentes que no hayan nombrado apoderados;
  • cuando en la partición de la masa de bienes o de una porción de la masa, tengan interés personas bajo tutela o curaduría.

En los dos casos anteriores, no se entenderá hecha por completo la partición hasta no obtenerse la aprobación judicial.

Cabe recalcar que la sola circunstancia que entre los coasignatarios haya incapaces NO hace necesaria la aprobación judicial de la partición. Por lo tanto, si son partícipes menores que actúan representados por sus padres, no será necesaria la aprobación judicial, a menos que dichos menores estuvieren sujetos a tutela o curatela.

Partición hecha por el juez partidor

La partición en cuestión se produce cuando los interesados no estuvieren de acuerdo en cómo hacer la partición, ésta debe ser hecha por el juez partidor, en cuyo caso la partición se regirá por las normas del CC y del CPC (arts. 1325 inciso 5° del CC y 646 del CPC).

De esta forma y en caso de existir desacuerdo de uno o más herederos, corresponderá iniciar acciones judiciales adecuadas para la designación de un Juez Árbitro o Juez Partidor, que en definitiva liquide la comunidad. En este caso, nuestros abogados, asesorarán en el diseño de la mejor estrategia judicial, que permita maximizar las utilidades en el juicio particional.

La ley chilena plantea la partición de bienes como uno de aquellos casos de arbitraje forzoso.

La partición de bienes implica liquidar y distribuir. La liquidación consiste en establecer el valor en dinero del derecho de cada uno de los comuneros. La distribución es la división de los bienes comunes entre los comuneros.

Los bienes se deben distribuir distinguiendo en primer término si estos admiten cómoda división.

Si ello es así, se formarán entre los partícipes lotes o hijuelas. Cada lote estará integrado, en lo posible, por bienes de la misma naturaleza y calidad y se distribuirán en la forma que acuerden los partícipes y, a falta de acuerdo se procederá a su sorteo.

Si, por el contrario, los bienes no son susceptibles de cómoda división, no se dividirán. Se adjudicarán totalmente a un comunero o se procederá a su venta entre los coasignatarios, con admisión de extraños. El precio de venta o adjudicación (ya no las cosas mismas) se dividirá entre los coasignatarios, a prorrata de sus cuotas.

Los herederos tendrán derecho a todos los frutos de la masa hereditaria, a prorrata de sus cuotas.

Finalmente, cabe señalar que las deudas se dividen entre los herederos, a prorrata de sus cuotas.

Procedimiento:

Para iniciar un juicio de partición en caso desacuerdo entre los herederos es necesario que cualquiera sin importar el porcentaje de sus derechos aunque sea mìnimo en los bienes del causante contrate uno de nuestros abogados parta interponer un demanda de designación de juez partidor ante el tribunal civil del último domicilio del cusante y notificar a los domicilios de los demas herederos.

Una vez notificada la demanda hay comparendo único al 5 día hábil donde se nombrará al juez partidor.

Posteriormente el juez partidor que nombre el tribunal realizara el jucio en las oficinas que disponga donde se desarrollarán los comparendos y tiene un plazo máximo de  2 años para liquidar la herencia y repartir los bienes entre los herederos.

Juicios Ejecutivos

Procedimiento de Juicio ejecutivo.

Importante es decir que lo primero es siempre la notificación. Una vez que usted sea notificado sigue el requerimiento de pago: el receptor judicial le solicitará que pague en ese acto el monto total de la deuda; la notificación y el requerimiento se producen en ese mismo momento. Si usted no se encuentra en su domicilio, el receptor dejará una citación para que concurra dentro de tres días a su oficina, a fin de requerirle de pago en ese momento. Si usted señala que no puede pagar la deuda o no concurre a la oficina del receptor, comienza a correr un plazo de 4 días -en ciertas circunstancias puede ser mayor- para oponerse judicialmente a la demanda. Las excepciones que pueden oponerse a la demanda ejecutiva es un tema que será tratado en un artículo independiente.

Luego del requerimiento de pago, si éste último no se produce, el receptor procede al embargo de bienes. El embargo en un principio no implicará ningún cambio material para el estado de las cosas y lo único que con seguridad se hará es incluir en un inventario todos los bienes que se encuentren en su domicilio. Con el embargo los bienes de su casa muy probablemente no se moverán de allí, sino que permanecerán bajo su custodia en calidad de depositario. En otras palabras, una vez embargados sus bienes, éstos continúan siendo de su propiedad y permanecerán en el mismo lugar, pero no podrán venderse ni retirarse de allí sin autorización del juez.

Si en el lugar existen bienes que no son de su propiedad, esto debe probarse de forma fehaciente en ese mismo momento, ya que en caso contrario se procederá al embargo de bienes ajenos y su dueño deberá ejercer luego una tercería de dominio o de posesión, según corresponda.

Si el juicio ejecutivo sigue adelante, finalmente se ordenará el retiro y remate de las especies embargadas.

El tiempo que puede tomar este procedimiento varía de caso a caso. Pueden ser algunos meses, varios meses, o puede que nunca se produzca el retiro y remate de las especies, ya que lo obtenido con el producto de éstas no alcanzaría siquiera para pagar los gastos del procedimiento mismo, por lo que el juicio pierde todo sentido.

Bienes embargados y responsabilidad por estos:

En este punto resulta de suma importancia saber si los bienes fueron efectivamente embargados o no. Lo que puede parecer una pregunta sin sentido, en realidad tiene efectos tremendos, según se verá. La manera de saber si determinados bienes muebles fueron efectivamente embargados es conociendo si se incluyeron en el inventario por el receptor judicial. Así, cualquier bien no inventariado, no está legalmente embargado y por tanto se puede vender.

Respecto de los bienes efectivamente embargados no es posible celebrar ningún tipo de contrato que implique enajenación, como ocurre precisamente en la compraventa. No se puede celebrar un contrato de compraventa sobre estos bienes porque el contrato sería nulo por objeto ilícito, tecnicismo jurídico que no es del caso detallar. La prohibición se encuentra en el artículo 1464 Nº 3 del Código Civil, que dispone “Hay objeto ilícito en la enajenación: […] 3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello”.

En todo caso, cabe destacar la responsabilidad que cabe al dueño respecto de las cosas embargadas, ya que si las destruye fraudulentamente incluso habría responsabilidad penal por este hecho, de conformidad al artículo 469 Nº 6 del Código Penal, que dispone “Se impondrá respectivamente el máximum de las penas señaladas en el artículo 467 [penas del delito de estafa]: […] 6º. Al dueño de la cosa embargada, o a cualquier otro que, teniendo noticia del embargo, hubiere destruido fraudulentamente los objetos en que se ha hecho la traba”.

Tercerías

La tercería de dominio se encuentra regulado en nuestro ordenamiento en los artículos 518 y siguientes del Código Procedimiento Civil. La tercería de dominio se puede definir como aquella reclamación que hace un tercero en un juicio ejecutivo, señalando que la propiedad sobre los bienes que se encuentran embargados le pertenece y por tanto solicita que se alce el embargo y que se le devuelvan dichos bienes, esto último en el caso que los bienes hayan sido retirados por el depositario o por el martillero público.

Esta situación poco feliz se produce ya que existe una presunción legal que señala que los bienes que se encuentran en el domicilio del ejecutado son de su propiedad, y por tanto, constituye una garantía general para responder a sus acreedores.

La interposición de ella debe notificarse por cédula, al ejecutante y al ejecutado, por medio de sus apoderados en el juicio.

Ahora bien los requisitos para acreditar la posesión de los bienes embargados son los siguientes:

  1. Certificado de dominio vigente de la propiedad donde fueron a embargar.
  2. Guías de despacho, boletas o facturas donde a parezca que los bienes son del tercerista.
  3. Certificado de residencia del tercerista.
  4. Cuentas de servicios básicos que lleguen a nombre del tercerista en el domicilio donde se embargaron los bienes.
  5. Testigos.

El artículo 523 del Código de Procedimiento Civil señala que no se dará curso a la tercería si no contiene las enunciaciones del artículo 254; a saber, las de toda demanda, que son:

  1. La designación del tribunal ante quien se entabla;
  2. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;
  3. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
  4. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y
  5. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.

La oportunidad procesal para interponer una tercería de dominio o de posesión es hasta antes que se realice el remate.

Gran importancia adquiere si la tercería solicitada se fundamenta en un instrumento público, otorgado con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva, se suspende el procedimiento de apremio. En los demás casos, el remate se llevará a efecto, entendiéndose que la subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o que pretenda tener sobre la cosa embargada. Luego, el subastador de tales derechos puede perder el precio pagado; o puede, por la inversa, haber adquirido “la especie” por precio vil, si el ejecutado obtiene en la tercería.